El abogado José Ricardo Taveras consideró hoy que los eventos que se vienen sucediendo desde el año 2015 y que han culminado en el execrable magnicidio en el que perdiera la vida el presidente Jovenel Möise deben disuadir de una vez por todas a los intereses económicos y políticos que le sirven de pivote en la incesante presión ejercida contra el Tribunal Constitucional para la aprobación del acuerdo suscrito por el gobierno dominicano con los Estados Unidos sobre pre-autorización en el transporte aéreo, el cual resulta ser groseramente inconstitucional, aunque no en el objeto fundamental del mismo, que consiste en el otorgamiento de facilidades de control migratorio fuera de sus costas, sino en el inaceptable anexo que lo sujeta a una oprobiosa condición sine qua non, mediante la cual se impone al país la obligación de ser creativo normativamente para la asimilación de cualquier tipo de estatuto que viabilice la aceptación de cualquier tipo de refugio, al tiempo que pone en manos de los Estados Unidos la reserva del derecho de ejercer una vergonzosa tutela de nuestras políticas en esa materia, situación en la que no acaban de reparar los gobiernos, ni el pasado, ni el presente, que muy obsequiosos, se han prestado para presionar jueces para complacer intereses, lo que en otros países podría derivar en una severa crisis institucional pero que aquí deriva en miedo.
El también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) explicó que en el anexo del citado acuerdo se impuso a la República Dominicana, proveer medios alternativos conforme a la ley dominicana a favor de las personas que no reúnan los requisitos internos aún no estén contemplados en los instrumentos internacionales, lo que obligaría al país a recibir los casos y a brindar la protección necesaria sin considerar las reservas de su legislación interna al respecto e incluso obligándonos a ir más allá de lo que los convenios internacionales nos obligan, situación que el Tribunal Constitucional está en la obligación de asumir por los cuernos y dejar de andar de timorato, sirviendo con su silencio al desmonte sinuoso de su principal legado hasta la fecha, que lo es la Sentencia 168/13, y vacilando con el rechazo de ese acuerdo.
“El TC tiene que asumir el imperativo de su rol estatal, que lo llama precisamente al desafío de cualquier tipo de poder que atente contra la soberanía del pueblo dominicano y de la constitución, como expresión normativa sagrada de la primera. Si no tenemos un TC indómito, desafiante en la defensa de la constitución y la soberanía, es mejor no tener nada, porque sería muy triste verlo caer en la escuela del constitucionalismo de factura, que matiza la constitución, no la interpreta,”
Taveras Blanco advirtió que Haití, para desgracia de ellos y de nosotros, viene en un progresivo e indetenible deterioro de su tejido social e institucional que lo viene convirtiendo en la Somalia del Caribe, “proceso que no se detendrá, pase lo que pase, mientras la comunidad internacional no cese en la hipócrita salida de colocar parches electorales en nombre de una democracia que carece de bases sociales de sustentación, al tiempo que se pretende construir en el marco de una crisis incesante. Saben, pero no quieren admitir que el Estado haitiano no es propiamente una fictio iuris, sino una ficción de la hipocresía que nos demanda por Haití, pero que es incapaz de impulsar un pequeño Plan Marshall para redimirlo, incapaz de asumir que los haitianos están en una grave situación de indefensión e invalidez para rescatarse a sí mismos, que requieren de una administración internacional que vaya creando las condiciones para que puedan reasumir gradualmente su destino, no, esa carga la quieren para nosotros contribuyentes, a través de convertirnos en el destino fácil de la expulsión de población y no problema migratorio que inspiran las irresponsables élites haitianas y la comunidad internacional, por supuesto inconscientes de las consecuencias de ese desatino.”
En ese contexto, si bien por un lado valoramos que el gobierno activara el “Plan Gavión”, por el otro no entendemos como, con un acuerdo tan peligroso en el contexto de nuestra situación geopolítica, no asume la decisión de retirar ese acuerdo del Tribunal Constitucional y renegociarlo sin esa onerosa carga de imposición internacional que nos humilla.
Por su parte, el Tribunal Constitucional debe saber que la somalización de Haití será cada día un fenómeno más grave y determinará retos impensables para el pueblo dominicano y sus instituciones, y si ellos rehúyen de sus magnos deberes, cuando ese acuerdo nos imponga asumir obligaciones inéditas en materia de refugio, ese día, no quisiera estar cerca de sus nietos en el momento en que el pueblo juzgue su fatídico legado, así como el de los gobernantes genuflexos a intereses privados y extranjeros que no se detienen ante nada, sin reparar, que sin país, tarde o temprano no hay intereses que valgan.
Reconozco la hoja de servicio de los honorables integrantes del TC, dada su elevada estirpe hasta ahora, pero su nueva composición especialmente, tiene en sus manos una prueba de fuego que determinará su consagración o su fracaso en el proceso de afianzamiento de su legitimización social frente a una sociedad urgida de un TC que se zapatee e imponga lo que debe, para que no mate la esperanza sembrada en ellos.
