El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) solicitó formalmente la intervención del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) para prevenir la venta en establecimientos comerciales de los kits escolares que destina el gobierno de manera gratuita a los estudiantes del sistema educativo público.
La petición fue realizada por el director ejecutivo del INABIE, Víctor Castro, durante una visita al titular de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, a quien expresó la necesidad de contar con esa entidad como veedor oficial en las acciones de control y vigilancia comercial.
Durante el encuentro, Castro destacó que este acompañamiento busca proteger el destino de una importante inversión social, asegurando que cada componente del kit escolar (uniforme, mochila, cuadernos, lápices, etc.) lleguen de forma gratuita a las familias beneficiarias en todo el país.
De su lado, Alcántara reafirmó su compromiso con la causa y advirtió que cualquier comercio mayorista o detallista que incurra en la venta de uniformes o útiles escolares fabricados específicamente para distribución gratuita en centros educativos públicos será sancionado, conforme a lo que establece la Ley 358-05 de Protección al Consumidor o Usuario.
El titular de Pro Consumidor dijo que la entidad que dirige asumirá el llamado del INABIE, y actuará conforme a la normativa de protección al consumidor, la cual faculta a prevenir, investigar y sancionar prácticas comerciales desleales.
“La venta de kits escolares destinados a distribución gratuita constituye una falta grave que atenta contra el interés público. Seremos vigilantes y aplicaremos todo el peso de la ley para proteger esta inversión social que garantiza el derecho a la educación de miles de estudiantes”, afirmó Alcántara.
INABIE cancelará contrato por venta de utilería con su sello
El INABIE enfatizó, además, que ningún proveedor de la entidad puede colocar en el mercado mercancía identificada con el sello del INABIE, y que, de comprobarse esta acción, se procederá a la cancelación inmediata del contrato y se solicitará a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la inhabilitación del Registro de Proveedor del Estado (RPE) por hasta cinco años o de forma permanente.
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