CONCLAFIT y DGII capacitarán comerciantes y profesionales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo

23 julio, 2017 • De Interés • Vistas: 41

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los sectores que por ley tienen la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realizarán los días 26, 28 y 31 de julio del año en curso, una serie de capacitaciones sobre la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).

A estas actividades formativas, la DGII, como entidad reguladora, ha convocado a notarios y abogados que realizan actividades conforme a lo indicado en la citada ley, agentes inmobiliarios y constructoras, comerciantes de joyas y armas de fuego, representantes de casas de empeño, dealers de vehículos, contadores y auditores.

Estos sectores comerciales y empresariales, conforme a la Ley 155-17, están obligados a diseñar y poner en funcionamiento un programa de prevención, cumplimiento y administración de riesgos en  materia de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Las capacitaciones son coordinadas por el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) con el apoyo de la DGII, el CONCLAFIT, el Ministerio de la Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Los que impartirán las capacitaciones son Roberto de Jesús Mella Cohn, economista y especialista en capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo (LA/FT) y Claudia Álvarez-Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio (LA/FT).

La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fue promulgada recientemente por el presidente Danilo Medina, la cual deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.

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